Para la conservación y gestión de las áreas establecidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se trabajará en el fortalecimiento para la gestión y la gobernanza de las OMEC y otras formas de conservación que reconocen los territorios indígenas, afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros, campesinos y tradicionales, incluyendo instrumentos para la seguridad jurídica frente a la propiedad de la tierra en las áreas amortiguadoras de los Parques Nacionales Naturales. Se implementarán medidas para la reparación y restauración de la naturaleza y el territorio en el marco de la justicia ambiental, a través de la participación efectiva de defensores de derechos humanos ambientales y, de la sensibilización social sobre el rol fundamental de estos actores frente a la conservación de la biodiversidad, con especial atención en guardaparques y otros defensores como víctimas del conflicto en las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Así mismo, se adoptarán mecanismos de participación, procesos y flujos de información que garanticen la toma de decisiones con enfoque étnico, diferencial, de género e intergeneracional en materia de biodiversidad y cambio climático fortaleciendo la gobernanza de los territorios para su conservación.

En reconocimiento que los pasivos ambientales implican la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, se gestionarán los casos de pasivos ambientales ocasionados por la extracción de minerales, el derrame y filtración por hidrocarburos y el daño ambiental, mediante mecanismos que propendan por su mitigación, acciones correctivas y remediación en beneficio de la vida, la salud humana y la biodiversidad. Así mismo, se concentrarán esfuerzos para aumentar la capacidad de prevenir, controlar, investigar y judicializar efectivamente las conductas relacionadas con la contaminación ambiental, el comercio ilícito de especies silvestres y la pérdida de biodiversidad 10 . Por otra parte, se reemplazará la circulación y el consumo de plaguicidas de alta toxicidad por moléculas de menor peligrosidad a través de: i) la adopción de alternativas biológicas para la sustitución de uso, ii) el control de entrada ilegal al país y, iii) la eliminación de los inventarios existentes en el territorio nacional. Para reducir los efectos de la contaminación sobre los cuerpos de agua, se aumentará el porcentaje de aguas urbanas domésticas tratadas hasta el 68%, evaluando la viabilidad de implementar alternativas de soluciones basadas en la naturaleza. También se avanzará en el mejoramiento de condiciones para el aprovechamiento, el tratamiento y la disposición final de residuos sólidos. En materia de plásticos se promoverá la industria nacional para la generación de sustitutos a los plásticos de la segunda fase de prohibición al 2030.

El estado de degradación de ecosistemas definidos en el Mapa de integridad ecológica, así como el riesgo asociado al cambio climático, son criterios que se deberán incluir en: i) Programas que reducen la deforestación, que evitan la pérdida de ecosistemas naturales, mitigan las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación ambiental; ii) Instrumentos sectoriales que incorporen lineamientos para la gestión integral de la biodiversidad y cambio climático para reducir el impacto negativo de los sectores en la conservación de los ecosistemas naturales; iii) Programas que generan beneficios ambientales aportando a la gestión integral de la biodiversidad, a la adaptación al cambio climático y gestión del riesgo; v) Planes integrales de gestión de cambio climático territorial. Si bien el país está avanzando en procesos estratégicos de planificación y ordenamiento tales como la delimitación de la frontera agrícola, la zonificación ambiental, la formulación y/o actualización de los planes de ordenamiento territorial y el régimen de prevalencia de las determinantes ambientales, el desarrollo de Planes de ordenamiento propios de comunidades étnicas, afrocolombianas y campesinas, y la planificación-gestión participativa en los territorios más afectados por el conflicto armado (PDET) y en aquellos con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas, debilidad institucional y zonas de especial importancia ambiental; es necesario avanzar en apuestas territoriales más ambiciosas que permeen la toma de decisiones en el marco de la planificación territorial basada en criterios de conservación, restauración, recuperación de servicios ecosistémicos y adaptación climática. En ese sentido, es necesario que el país avance también en la generación de alianzas nacionales sectoriales y territoriales con Minambiente, MinAgricultura, MinEnergia, MinTransporte, MinVivienda, MinComercio y MinDefensa; para la toma de decisiones y la planeación del desarrollo y ordenamiento territorial que incorpore criterios de conservación, restauración, recuperación de ecosistemas, adaptación climática y gestión del riesgo con el objetivo de detener la transformación de los ecosistemas naturales. La incorporación de acciones que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial reconocerán los derechos a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y campesinas; teniendo en cuenta los enfoques de género y diferencial.

Se potenciará la economía de la biodiversidad mediante la dinamización de las 32 agendas departamentales de bioeconomía , con énfasis en los sectores agropecuario, farmacéutico, textil y turismo, para que en las áreas de importancia ambiental afectadas por actividades extractivas insostenibles, en municipios PDET y en  municipios que concentran las mayores tasas de deforestación, se impulsen iniciativas sostenibles y encadenamientos productivos basados en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Además, se implementarán medidas de gestión para la recuperación y conservación de las especies, en particular, especies amenazadas y de agrodiversidad, y mantener y restaurar la diversidad genética, con el fin de garantizar la sostenibilidad, apropiación social, reporte y monitoreo a largo plazo en articulación con el programa de monitoreo comunitario.

Al 2030, Colombia habrá puesto en marcha modelos de financiamiento sostenibles que movilicen recursos de todas las fuentes y a largo plazo, que garanticen impactos transformacionales en los territorios a través de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en corresponsabilidad y bajo una gobernanza eficaz y equitativa

La reconversión de los modelos productivos agropecuarios sostenibles al interior de la frontera agrícola, en los núcleos de desarrollo forestal o en las áreas con baja integridad ecológica, se basa en procesos de restauración multifuncional que involucran la rehabilitación, recuperación de áreas degradadas, prácticas agroecológicas y la diversificación productiva que mitiguen la transformación de los ecosistemas naturales. Busca el fortalecimiento de la economía forestal, el aprovechamiento sostenible del bosque natural (maderables y no maderables) y de los recursos pesqueros y acuícolas. Estos enfoques de reconversión y restauración con objetivos ecológicos, agroalimentarios y productivos, propenden por mantener la biodiversidad, incrementar la conectividad y aumentar la oferta de servicios ecosistémicos para impulsar transiciones socioecológicas en los territorios.