La meta busca contribuir a lograr ciudadanos con comportamientos ambientales sostenibles relacionados con el uso y conservación de la diversidad biológica, a través de la implementación de los programas de educación, cultura y ciudadanía ambiental a nivel regional y local, incluyendo la elaboración de recursos educativos contextualizados y con pertinencia para los diferentes niveles de educación, trabajados participativamente con los actores involucrados, entre ellos los pueblos indígenas u originarios.

La meta tiene como objetivo reducir la demanda de especímenes de recursos hidrobiológicos de las principales especies de origen ilegal, mediante el cambio de actitudes de la ciudadanía demandante, la aceptabilidad social y el deseo de adquisición de productos de vida silvestre. Asimismo, la meta contribuirá con la reducción de la exposición de la ciudadanía a patógenos zoonóticos y su propagación.

La formulación de esta meta busca incidir directamente en el incremento del porcentaje de vertimientos de aguas residuales industriales que son tratados de manera adecuada por las empresas o titulares del subsector industria, conforme a los estándares establecidos por la normativa ambiental vigente. Este tratamiento previo a su disposición final es fundamental para mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, proteger los ecosistemas acuáticos, salvaguardar los recursos hídricos y preservar la salud pública. Una vez tratadas y cumpliendo con los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos exigidos, estas aguas residuales pueden ser vertidas en cuerpos receptores naturales, canalizadas hacia sistemas de alcantarillado o reaprovechadas en actividades productivas no potables, como el riego o procesos industriales. En ese sentido, asegurar que los vertimientos de aguas residuales industriales cuenten con un tratamiento adecuado por parte de las empresas o titulares del subsector industria constituye la base del indicador de seguimiento, el cual permite medir el progreso hacia una gestión ambiental más eficiente y sostenible de los efluentes generados por el sector de la industria manufacturera. Asimismo, PRODUCE conduce procesos de articulación interinstitucional con otros sectores del Estado y con el sector privado, a fin de fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y consolidar una industria manufacturera nacional ambientalmente responsable, que contribuya a la protección de los ecosistemas acuáticos y a la mejora de la calidad de vida de la población. En el periodo de implementación de la mencionada meta y acción se acotará a la industria manufacturera. Asimismo, su ámbito no abarcará la población urbano y rural, a fin de enfocar esta meta en efluentes industriales provenientes de la industria manufacturera.

La meta tiene como objetivo lograr que el 80 % de las medidas de ordenamiento aplicables a recursos hidrobiológicos aprobados sean implementados de manera efectiva, de forma que cumplan con sus objetivos de conservación garantizando así el uso sostenible de la diversidad biológica.

Esta meta se encuentra orientada a contribuir con la conservación de los ámbitos continental y marino mediante áreas protegidas y de conservación (es decir, áreas que se gestionan de manera efectiva y que logran resultados positivos para la biodiversidad), así como de tierras indígenas. Las áreas naturales protegidas gestionadas eficazmente, y otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC) son esquemas de conservación que contribuyen a salvaguardar los hábitats y las poblaciones de especies, y brindan importantes servicios ecosistémicos y beneficios a las personas. Son un elemento central de las estrategias de conservación de la biodiversidad a nivel local, nacional y global. Pueden adoptar diversas formas, desde áreas estrictamente protegidas hasta áreas que permiten un uso sostenible compatible con la protección de especies, hábitats y procesos ecosistémicos. Asimismo, los pueblos indígenas u originarios poseen, ocupan y/o gestionan áreas con una biodiversidad única y significativa. La meta del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal establece que al menos el 30 % de las zonas terrestres y de aguas continentales, y de las zonas marinas y costeras deben conservarse o protegerse. Este elemento cuantitativo se refleja en la Meta 1 de la ENDB y especifica que, a nivel nacional, al menos el 30% de las zonas terrestres y de aguas continentales, y al menos el 10% de las zonas marinas deberían estar bajo modalidades de conservación de aquí al 2030. La meta establece varios conceptos y elementos que deben considerarse: Conservación y gestión efectivas: los esquemas de conservación deben gestionarse con el objetivo principal de lograr resultados positivos para la biodiversidad. Para ello, requieren la adopción de objetivos y procesos de gestión apropiados, sistemas de gobernanza, recursos adecuados y un seguimiento constante. Ecológicamente representativo: las áreas deben contener muestras adecuadas de toda la gama de ecosistemas, procesos ecológicos y regiones existentes. Bien conectadas: las áreas deben estar conectadas a través de corredores e integradas en paisajes terrestres y marinos más amplios. Este es un elemento esencial para la creación de sistemas o redes efectivas de áreas protegidas y conservadas que puedan lograr resultados sostenidos de conservación in situ y hacer frente a tensiones y perturbaciones, incluidos los impactos del cambio climático. Gobernadas equitativamente : Un elemento clave de la gobernanza equitativa es garantizar que los actores relevantes estén involucrados y puedan participar plenamente en su establecimiento, gestión y gobernanza. Uso sostenible coherente con los objetivos de conservación: algunos tipos de áreas protegidas y OMEC permiten que se realicen tipos limitados de actividades culturales tradicionales y no industriales dentro de sus límites. Los ejemplos podrían incluir la caza, la pesca, la recolección y el turismo. Cuando estas actividades están permitidas dentro de áreas protegidas y OMEC, deben ser sostenibles y coherentes con los objetivos de conservación. Los derechos de los pueblos indígenas u originarios : todas las actividades realizadas en virtud de esta meta deben realizarse respetando los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

La meta busca contribuir en la reducción de la brecha de áreas degradadas en el Perú, considerando para ello las soluciones basadas en la naturaleza u otros mecanismos, que incluyen prácticas de reducción de los impactos que producen degradación, remediación, restauración ecológica y rehabilitación conducentes a la (restauración) recuperación de los ecosistemas (terrestres, de aguas continentales (humedales) y de las zonas marino-costeras).

El propósito de esta meta es que los gobiernos regionales mejoren y ordenen la gestión del espacio en su territorio. Este proceso debe considerar la conectividad, el enfoque de paisaje y la resiliencia en sus instrumentos de planificación territorial, reduciendo el cambio de uso de suelo y de los ambientes acuáticos, a fin de prevenir la degradación de los ecosistemas para el año 2030. Lograr esta meta requiere un esfuerzo conjunto de investigación, monitoreo, intervención y políticas adecuadas. El Ministerio del Ambiente (MINAM) generará los instrumentos técnicos y monitoreará su desarrollo y adecuada implementación por parte de los gobiernos regionales. Su rol incluye establecer guías con medidas y acciones orientadas a reducir el cambio de uso del suelo, conservación de la diversidad biológica, entre los principales.

A través de esta meta, se busca evitar la pérdida de los ecosistemas boscosos de las regiones amazónicas, andinas y costeras del país. La meta también permite asegurar sumideros de carbono, evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y reducir la posibilidad de emergencia desastres, como incendios forestales, deslizamientos o huaycos. Esto, con la finalidad de evitar el uso inadecuado de los bosques y de otros ecosistemas, tratando que sean objeto de aprovechamiento sostenible y buscando reducir prácticas inadecuadas e ilegales.

Esta meta tiene como propósito medir la inclusión de estándares de conservación de la diversidad biológica en los instrumentos de gestión ambiental aprobados por: i) Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) es un organismo público técnico especializado del Estado peruano, adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM); y, ii) Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Para la medición de la meta se considera hacerlo de manera progresiva. En una primera etapa, se tomará en cuenta los instrumentos preventivos aprobados por SENACE (Estudios de Impacto Ambiental detallados, EIA-d) y los Estudios de Impacto Ambiental Minero e Hidrocarburos aprobados por el MINEM (Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados, EIA-sd). Para efectos de la presente meta, el universo estará acotado a las medidas administrativas que haya emitido el OEFA relacionadas con los componentes de biodiversidad, producto de los procesos de supervisión a instrumentos de gestión preventivos previamente mencionados. Cabe precisar que, en lo que corresponde a los estándares de diversidad biológica, para efectos de la evaluación del indicador se considerará a los criterios de protección ambiental previstos en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), relacionados a Diversidad Biológica (Criterio 3, 4 y 5). En el marco de lo señalado, las instituciones deberán proveer la siguiente información sobre los instrumentos preventivos y medidas administrativas: SENACE: El número de estudios de impacto ambiental detallados aprobados en el año de evaluación. El número de EIA-d que, en el marco de sus estrategias de manejo ambiental, incluyan medidas relacionadas con los criterios de protección ambiental relacionados a diversidad biológica. El porcentaje de EIA-d aprobados que incluyen medidas de protección ambiental relacionadas con la diversidad biológica en sus estrategias de manejo ambiental. MINEM: El número estudios de impacto ambiental semi detallados Minero - Hidrocarburos aprobados por el MINEM en el año de evaluación. Los EIA-sd (minero – hidrocarburos) que, en el marco de sus planes de manejo ambiental, hayan incluido medidas relacionadas con los criterios de protección ambiental relacionados a diversidad biológica. El porcentaje de EIA-sd aprobados que incluyen medidas de protección ambiental relacionadas con la diversidad biológica en sus planes de manejo ambiental. La Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA), órgano de línea del Ministerio del Ambiente (MINAM) del Perú, es le entidad responsable por el reporte del avance en el logro de la meta. La DGPIGA es responsable de diseñar, proponer y evaluar las políticas e instrumentos de gestión ambiental a nivel nacional, asegurando su coherencia con las políticas de desarrollo sostenible del país. De esta forma, como unidad orgánica que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Esta meta se enfoca en el nivel de especies de la diversidad biológica y busca contrarrestar los impactos negativos que la variación de los patrones climáticos y el cambio climático están teniendo directamente en las poblaciones de especies de flora y fauna, así como en sus hábitats.

A partir de la meta planteada se busca contar con cuencas priorizadas en las que se desarrollen programas y proyectos sobre siembra y cosecha de agua de manera participativa con las comunidades beneficiarias y aledañas. Con ello, se espera la implementación de acciones oportunas que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica por parte de las entidades competentes. Las cuencas priorizadas se determinan en función de criterios ambientales (biológicos), sociales y económicos. Esta priorización tiene como objetivo determinar las intervenciones que deben realizar los actores de la cuenca para la conservación o la recuperación de la diversidad biológica a través de actividades de siembra y cosecha del agua. La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (UEFSA) y AGRO RURAL, entes ejecutores del MIDAGRI, tienen como misión institucional la siembra y cosecha de agua, desarrollando programas y proyectos a nivel nacional.

Con el establecimiento de la meta se busca hacer seguimiento al nivel de tratamiento de aguas residuales domésticas antes de su vertimiento. Las aguas residuales domésticas y municipales (agua residual proveniente del sistema de alcantarillado) requieren procesos de mejora de la calidad mediante procesos físicos, químicos, biológicos u otros para la disposición final o reúso, según corresponda. Es decir, no basta asegurar la cobertura del tratamiento, sino también garantizar la calidad de este proceso, lo cual se evalúa actualmente a través del cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). En este marco, la meta se relaciona con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en virtud de su rectoría en saneamiento, y de sus funciones de planificación, formulación, normalización y ejecución de las políticas nacionales y sectoriales en el ámbito de su competencia, de obligatorio cumplimiento para los tres niveles de gobierno. El indicador asociado estará referido al porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales que cumplen con los LMP para sus efluentes.

Se busca que los residuos sólidos, incluyendo plásticos que alteran los ecosistemas sean gestionados por las entidades competentes y reducir su impacto sobre la biodiversidad y los servicios ambientales. Se enfocará en el porcentaje de residuos sólidos municipales generados que se disponen de manera adecuada en una infraestructura de valorización o relleno sanitario. De acuerdo con la meta 7 del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), a nivel mundial, se ha descubierto que la contaminación por nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, plaguicidas y productos químicos y plásticos altamente peligrosos, tiene impactos particularmente dañinos en la biodiversidad y las funciones y servicios de los ecosistemas. Los residuos sólidos, por las fuentes como plaguicidas, disposición de los envases, y flujos acuáticos, los residuos urbanos, las acciones de disponibilidad de residuos de construcción o disponibilidad de desechos mineros y plásticos actúan sobre la degradación de la diversidad biológica y los ecosistemas marinos y costeros y los cuerpos de agua; por lo que deben ser controlados.

Esta meta responde a la necesidad de mitigar los impactos negativos de los insumos químicos de uso agrícola en el ambiente, como la degradación del suelo, la contaminación de cuerpos de agua, y la afectación de la biodiversidad. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), entidad responsable por el reporte de esta meta, es un organismo público técnico especializado del Estado peruano, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). En el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1387, SENASA es el ente rector de: i) la sanidad agraria; ii) la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario, así como de los piensos (alimentos para animales); y, iii) la producción orgánica, asegurando que los productos cumplan con los estándares requeridos. En ese sentido, SENASA ejerce sus competencias, a través de normar, promover, supervisar y sancionar las actividades relativas a la producción, certificación y comercialización de semillas de calidad, fertilizantes y demás insumos agrarios. Asimismo, de acuerdo con el reglamento de la norma ya citada, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 013-2019-MINAGRI, SENASA ejerce la Autoridad Nacional en materia de registro y control de plaguicidas de uso agrícola, y se encarga de conducir el registro, control y fiscalización de los fertilizantes y sustancias afines en todas las fases de su ciclo de vida, de otorgar las autorizaciones a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades en el ciclo de vida de los fertilizantes y sustancias afines, entre otros. Además, SENASA contribuye al uso y manejo adecuado de plaguicidas mediante las capacitaciones de buenas prácticas a los productores y otros actores de la cadena agroalimentaria. Adicionalmente, otras entidades del Estado peruano contribuyen con el logro de esta meta. El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, más conocido como AGRO RURAL, es un programa del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), cuyo objetivo principal es impulsar el desarrollo económico y reducir la pobreza en las zonas rurales del país, especialmente aquellas con menor grado de desarrollo económico o en situación de vulnerabilidad. Su contribución al logro de esta meta se relaciona con programas de fortalecimiento de capacidades en la gestión sostenible de la producción agraria, que se realizan en el desarrollo de las actividades forestales y de conservación de suelos. Por otro lado, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), órgano técnico-normativo del Ministerio de Salud (MINSA), actúa como la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. De esta forma, DIGESA es responsable de proteger la salud de la población a través de la gestión y del control de los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos externos a las personas. Su contribución al logro de esta meta se relaciona la identificación de residualidad de plaguicidas en materias primas y en alimentos industrializados destinados al consumo humano.

La meta busca conocer el porcentaje de emergencias ambientales declaradas producidas por actividades de minería, hidrocarburos y pasivos ambientales, las cuales son reportadas por los titulares de dichas actividades, y han sido atendidas y evaluadas por el MINAM, en coordinación con las entidades competentes, con miras a desarrollar e impulsar acciones orientadas a contener, controlar y reducir los efectos de un evento súbito y significativo sobre la calidad ambiental o los ecosistemas; además de controlar los riesgos para la salud de las personas. Es importante indicar que, en el contexto de esta meta, se considera que una emergencia ambiental está siendo atendida cuando su Plan de Acción inmediato es ejecutado con un nivel “aceptable”, de acuerdo con los compromisos programados en dicho instrumento. Además, cabe señalar que la Ley Nº 32106, Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2025-MINAM, establecen que el MINAM evalúa y declara en emergencia ambiental, en su calidad de autoridad competente en los casos de un evento súbito y significativo que afecta la calidad ambiental o los ecosistemas, y que puede generar un riesgo para la salud de las personas. Asimismo, de corresponder, el MINAM coordina la implementación y las acciones relativas de la emergencia ambiental declarada. Para ello, la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) se encarga de dirigir el proceso de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, en coordinación con las entidades correspondientes y proponer su prórroga o levantamiento. Esta función se determina de acuerdo con el artículo 95 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 108-2023-MINAM.

La meta tiene como objetivo lograr que el 80 % de los planes de manejo de las especies de flora y fauna silvestre aprobados sean implementados de manera efectiva por las entidades responsables (administrados o titulares), de forma que cumplan con sus objetivos de conservación, garantizando así el uso sostenible de la diversidad biológica.

La meta busca elaborar programas y/o proyectos de recuperación y conservación de especies priorizadas, sobre la base de las clasificaciones oficiales correspondientes, centrándose en aquellas especies donde se cierne el mayor riesgo de extinción o sus poblaciones presentan niveles de amenaza que los sitúa en la necesidad de recuperar de manera urgente su estabilidad. Por tal motivo, resulta esencial la intervención del pliego para evitar la extinción de nuestro patrimonio natural, con énfasis en las especies amenazadas, primordialmente aquellas especies clasificadas como “En Peligro Crítico” (CR), "En Peligro" (EN), Apéndice I de la Convención CITES, Apéndice I de la Convención CMS.

En Perú existen miles de especies hidrobiológicas, aunque solo una fracción tiene interés comercial. Debido a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, es necesario implementar medidas de manejo que aseguren la extracción responsable de estas especies marinas. Actualmente, 51 [1] especies marinas de importancia comercial cuentan con algún tipo de medida de manejo, como talla mínima de captura, vedas, cuotas, así como un Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP). No obstante, se requiere incrementar el número de recursos hidrobiológicos que cuenten con este tipo de medidas orientadas a garantizar su aprovechamiento sostenible. Se espera que, para 2030, ocho especies adicionales que aún carecen de regulación cuenten con medidas de manejo. La entidad responsable de establecer estas medidas es PRODUCE, basándose en información científica y en las recomendaciones del IMARPE. [1] En base al listado de especies previsto en el PP 095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal.

Esta meta busca garantizar que especies que ostentan una alta demanda en los mercados comerciales cuenten con mecanismos eficaces de control y monitoreo a lo largo de cualquiera de sus fases de su cadena de valor. Las fases antes referidas contemplan la extracción, manejo, transporte y/o comercialización final de sus especímenes; contribuyendo tanto a la conservación de la biodiversidad como al desarrollo económico sostenible. Los mecanismos efectivos pueden involucrar tecnologías innovadoras, sistemas de certificación, marcos regulatorios fortalecidos, entre otras consideraciones establecidas bajo los preceptos de convenciones como CITES y CMS. Cabe resaltar que esta meta también es fuertemente dependiente de la cooperación entre actores clave de la cadena (e.g. productores, distribuidores), así como el fomento de capacidades de los actores estatales vinculados con la implementación de medidas regulatorias.

La meta tiene como objetivo reducir la demanda de especímenes de fauna y flora silvestre, de las principales especies de origen ilegal, mediante el cambio de actitudes de la ciudadanía demandante, la aceptabilidad social y el deseo de adquisición de productos de vida silvestre. Asimismo, la meta contribuirá con la reducción de la exposición de la ciudadanía a patógenos zoonóticos y su propagación.

La meta tiene como objetivo asegurar que todos los permisos emitidos bajo el marco de la CITES incluyan medidas de regulación efectivas, que garanticen la sostenibilidad y legalidad del comercio de especies protegidas. El alcance de la meta cubre tanto la emisión de permisos para la exportación e importación de especies bajo los apéndices CITES, como la aplicación de controles que aseguren que las medidas establecidas sean efectivas y cumplidas.

Esta meta tiene como propósito principal gestionar y mitigar los efectos adversos de las especies exóticas invasoras que representan una amenaza significativa para la biodiversidad, los ecosistemas y las actividades humanas (salud pública). El alcance de la meta es que al menos el 14% de las especies invasoras documentadas en el país cuenten con medidas de prevención, control y/o erradicación para el año 2030, lo que requiere de un esfuerzo conjunto de investigación, monitoreo, intervención y políticas adecuadas. De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), las especies exóticas invasoras son especies cuya introducción o diseminación fuera de su distribución natural, pasada o presente, constituye una amenaza para la diversidad biológica, la salud humana y el desarrollo sostenible.

La meta busca fortalecer la utilización sostenible de los recursos genéticos, sus derivados y, de ser el caso, de los conocimientos tradicionales asociados, y mejorar las oportunidades para compartir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de su uso, la implementación de las autorizaciones y contratos de acceso a los recursos genéticos, sus derivados y/o conocimientos tradicionales asociados de conformidad con el marco normativo de acceso y participación en los beneficios (ABS). A nivel nacional, el acceso a los recursos genéticos y sus derivados se encuentra regulado por el reglamento en la materia, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2021-MINAM. En el marco del ABS, el uso de los conocimientos tradicionales asociados se sujeta a lo dispuesto por la Ley Nº 27811, Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos.

Con esta meta se busca que los usuarios de los recursos genéticos, sus derivados y/o conocimientos tradicionales asociados compartan de manera efectiva con el proveedor de estos recursos los beneficios monetarios y no monetarios derivados del acceso de dichos recursos en actividades de Investigación y Desarrollo (I&D). Asimismo, la meta contribuirá con las Autoridades Nacionales Competentes (ANC) a monitorear y medir los beneficios recibidos, con el fin de evaluar si se está produciendo una participación de beneficios, sus alcances y cuál es la tendencia en términos de aumento o disminución.

El SiB Perú se proyecta como la red nacional oficial de datos sobre biodiversidad. Su principal propósito es brindar información de nuestra biodiversidad, asimismo facilitar la publicación y el uso de datos. El SiB Perú favorecerá la promoción y el conocimiento de las especies de flora y fauna y de ecosistemas de nuestro país. Asimismo, promoverá la colaboración interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades para la adecuada movilización de datos alineado con la ENDB y el KMGBF. Nace con el Decreto Supremo Nº 008-2024-MINAM que aprueba la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050, donde se contempla la creación de una plataforma de gestión del conocimiento sobre la conservación y uso de la biodiversidad implementada y articulada al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). Se prevé que el SiB Perú sea el nodo oficial del país en el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad (GBIF). Objetivos del SiB Perú: Promover la recolección, estandarización, publicación y uso de los datos sobre biodiversidad. Brindar las condiciones para la movilización e integración de datos de biodiversidad. Favorecer la promoción y el conocimiento de las especies de flora y fauna y ecosistemas de nuestro país. Promover la colaboración interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades para la adecuada movilización de datos alineado con la ENDB y el KMGBF. Fortalecer y facilitar la toma de decisiones informadas usando información validada en tiempo real de los actores públicos y privados, asimismo difundir buenas prácticas de conservación y uso sostenible. Servicios del SiB Perú: Registros de ocurrencia y eventos* Conjuntos de datos* Listas de especies* Catálogo de la biodiversidad (fichas de especies) Cifras de la biodiversidad Visor cartográfico IPT: Herramientas para la publicación integrada de datos* [*Servicios vinculados a GBIF].